Santiago de Chile
jueves 29 de julio de 2010
Actualizado a las 20:31 hrs.
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Miércoles 2 de Mayo de 2007Nueva ley contra la piratería intelectual
Sin duda, era imprescindible que el Gobierno intentara revertir la mala imagen de nuestro mercado local en cuanto a desprotección de los derechos de propiedad intelectual: evidentemente, la negativa evaluación de Chile en este ámbito no se condice con las aspiraciones de internacionalización y crecimiento de nuestro intercambio comercial. Para ello se ha propuesto un proyecto de ley que reemplazaría a la actual Ley N° 17.336 y establecería un nuevo "marco de sanciones civiles y penales a las infracciones a los derechos de autor y conexos". En dicho proyecto se incrementa notoriamente la cuantía de las penas, que podrán fluctuar entre 540 días y cinco años de cárcel. Adicionalmente, se establece un aumento de las multas hasta en cuatro mil por ciento, y se permite de modo expreso la aplicación conjunta de las multas con las penas privativas de libertad, que en el sistema de protección hoy vigente son alternativas.
Complementariamente, se incorporan asimismo facultades especiales para los fiscales, que incluirán el uso de agentes encubiertos e informantes para desbaratar las bandas dedicadas a este comercio ilícito. En suma, se pretende establecer un nuevo marco penal sustantivo y procesal con miras a combatir estas figuras delictivas.
Lo anterior es atendible, pues la desprotección actual perjudica la relación comercial de Chile con sus socios desarrollados, a los que está crecientemente ligado por una red de TLC e instrumentos similares. Sin embargo, es imprescindible cuidar que el tratamiento punitivo de estos ámbitos no produzca defectos en el conjunto del sistema de sanciones, pues ello puede conducir a que un delito de piratería intelectual llegue a sancionarse con la misma pena que una lesión grave. Esto, a su vez -como ya lo han observado algunos personeros del mercado editorial-, puede transformar el sistema de sanciones en letra muerta, porque los jueces, como ya se ha observado en otros casos, no estarán dispuestos a aplicarlas.
Un proyecto que pretenda recuperar la confianza en nuestro mercado nacional respecto del resguardo de los derechos de propiedad intelectual no debe poner toda su esperanza en la exacerbación de las sanciones, sino en una completa racionalización del sistema de protección. Mundialmente, no son escasas las tendencias de modernización de los criterios en esta materia que siguen otros derroteros. En el grado actual de evolución de las comunicaciones y de acceso a la información, y dada la vertiginosa evolución científica, es posible que los propios plazos de protección deban revisarse a fondo. Ya son visibles en otros países tendencias de liberalización y el surgimiento de publicaciones intrínsecamente gratuitas y reproducibles. No es descabellado considerar la incorporación del concepto de "discontinuidad" de ciertas obras, que permita su reproducción cuando los titulares del "copyright" no tengan intención de volver a editarlas, sin considerar necesariamente el paso del tiempo.
Además, es imprescindible trabajar en el plano de los desincentivos del mercado. Ya hay experiencias exitosas en el complemento de los productos objeto de piratería con ciertas prestaciones (actualizaciones periódicas por internet, entradas a conciertos, etcétera) que la atacan allí donde efectivamente debe centrarse el esfuerzo: en el mercado, específicamente en la demanda. Sólo a título complementario debe mejorarse el sistema de sanciones y la persecución. En este último aspecto, se han visto esfuerzos conjuntos de algunas municipalidades con el Ministerio Público y ciertos entes privados, que han demostrado eficacia persecutoria.
